El 13 de febrero, Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para promover la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que tiene como objetivo promocionar y fomentar el cine mexicano, particularmente, las producciones en lenguas originarias e independientes.
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, explicó que esta propuesta —que actualiza la Ley Federal de Cinematografía—, busca ampliar el ecosistema para incluir a las plataformas; garantizar el 10% de la exhibición de cine nacional en salas, con al menos 14 días de proyección; revisar el ajuste de los horarios en las carteleras; e implementar medidas de accesibilidad para las audiencias con limitaciones auditivas o visuales.
La Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que se envió el día de ayer a la Cámara de Diputados, también establece una política de archivo orientada a documentar, preservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo que conforma la memoria audiovisual del país.
La reforma incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Derechos de Autor para proteger el trabajo de los actores de doblaje frente al uso de la Inteligencia Artificial. De esta forma, además de reconocer la voz humana como una herramienta artística, cuyo uso requiere una autorización expresa e informada, se impulsarán otras medidas como contrataciones justas y transparencia en retribuciones.
Daniela Alatorre Benard, directora general del IMCINE, recalcó que esta iniciativa se acerca a toda la cadena de producción, es decir, desde el desarrollo y la escritura del guion, hasta la preservación de las obras. Actualmente, México cuenta con 14 convocatorias que fomentan la producción cinematográfica en diversos sectores de la población, sin embargo, la propuesta busca incrementar el presupuesto de programas como FOCINE.
Además de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, Claudia Sheinbaum anunció, junto a distintas personalidades de la industria cinematográfica, un plan de incentivos fiscales que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. El estímulo consiste en un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta el 30% del costo total del proyecto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por producción o beneficiado.
La iniciativa busca emular los programas implementados en otros países, orientados no solo a la atracción de producciones cinematográficas, sino también a incentivar la inversión privada, detonar la generación de empleos y fortalecer las cadenas de valor del sector. En entrevista con El País, Mauricio Durán, presidente de Canacine, expuso que esto limitará que producciones mexicanas decidan trasladarse a otros países con esquemas financieros más atractivos que, incluso, les permiten reducir sus presupuestos.
Durán también analizó que la derrama económica de este programa podría superar los mil 300 millones de pesos, dado que el monto total anual del estímulo fiscal será de 400 millones. Otro requisito indispensable para las producciones será la contratación de al menos 70% de proveedores nacionales, lo que impulsará a empresas mexicanas dedicadas a la posproducción, la renta de equipo o al servicio de transporte, alimentación y seguridad.
Podrán acceder al estímulo personas físicas y morales residentes en México, así como residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. En caso de no contar con este último requisito, la persona deberá contratar a una productora mexicana. Además de estar inscrito y cumplir positivamente con los requerimientos del SAT, se tendrá que presentar el proyecto a un Comité Técnico para su evaluación y elegibilidad.
Cada producción cinematográfica deberá contar con una inversión mínima. En el caso de los largometrajes de ficción o animación y los capítulos de serie será de al menos 40 millones de pesos, para los documentales (largometraje o serie) de 20 millones, mientras que los procesos de animación, efectos visuales y postproducción será de 5 millones. La pregunta que han planteado distintos profesionales de la industria es si únicamente los grandes estudios o productoras serán capaces de acceder a la propuesta ante los montos establecidos.
De acuerdo con el plan, los montos mínimos responden a la naturaleza, escala y complejidad de cada tipo de proyecto, asimismo, asegura que el beneficio fiscal se aplique exclusivamente a actividades productivas reales y verificables, y otorga certeza jurídica a los beneficiarios con capacidad efectiva de generar un impulso económico. En México, una producción independiente oscila entre los 2 y 5 millones de pesos.
La innovación radica en que el crédito fiscal es transferible, es decir, se puede vender. Puede aplicarse entre un 70% y un 100% a proveedores directamente vinculados con la producción. De esta forma, usan el crédito en sus impuestos y el proyecto recibe a cambio dinero en efectivo. Otra opción será cederlo a terceros, pero solo por el 85% de su valor nominal. Finalmente, se puede usar el crédito en la producción y aplicar el remanente en los dos ejercicios fiscales siguientes o hasta agotarlo.
No podrán aplicar aquellos que se hayan postulado a EFICINE. Las instituciones detrás de la selección y revisión de las propuestas serán el IMCINE, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El decreto, que forma parte del plan integral de apoyo al cine nacional, estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030.
