En marzo, la Academia Colombiana de Cine, EGEDA Colombia, asociaciones de productores cinematográficos y más de 700 profesionales del sector audiovisual firmaron una carta para solicitar la intervención del Ministerio de Cultura en Colombia en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI), institución que gestiona y administra los trámites de las producciones audiovisuales en el país.
“Aunque existe un manual de procedimientos, en la práctica, los requisitos se modifican a voluntad y criterio de los funcionarios, lo que impide a los productores contar con parámetros previsibles sobre qué se exigirá y bajo qué estándares serán valorados sus proyectos. Esta falta de consistencia genera devoluciones reiteradas y nuevos requerimientos, prolongando innecesariamente los trámites y afectando la seguridad jurídica y la inversión en el sector”, afirman.
Pese a esta crisis, el Ministerio de Cultura en Colombia señaló, a través de redes sociales, que “el crecimiento del sector ha sido notable”. De acuerdo con el organismo, las solicitudes para acceder a los incentivos de la Ley de Cine pasaron de 171 en 2023, a más de 400 en 2025. “Ese mismo año se aprobaron 196 proyectos, entre largos y cortos, por más de $383 mil millones, frente a los $21 mil millones de 2023”.
Entre otros datos, se informó que en 2025 se emitieron 904 certificados de inversión cinematográfica, equivalentes a más de $151 mil millones. Un contraste que, aseguran, es significativo frente a los 463 certificados de 2023, con un valor de $71 mil millones.
“Este aumento significativo ha exigido más capacidad institucional. Estamos implementando medidas para ponernos al día, agilizar los procesos y evitar vencimientos de las solicitudes, manteniendo reglas claras, el rigor normativo y transparencia para todo el sector. Seguiremos trabajando de la mano con quienes hacen posible el cine colombiano”, detalló MinCultura.
Por su parte, profesionales de la industria han declarado: “El sector cinematográfico colombiano ha demostrado durante más de dos décadas su capacidad de crecimiento, profesionalización y aporte cultural. Ese desarrollo fue posible gracias a un marco normativo que generó confianza y estimuló la inversión. Nuestro objetivo es claro: garantizar que la Ley 814 continúe cumpliendo su misión de fortalecer el patrimonio audiovisual colombiano y consolidar una industria sólida, sostenible y competitiva”.
