La Academia Colombiana de Cine, EGEDA Colombia y diversas asociaciones de productores cinematográficos lideraron la recolección de firmas de más de 70 empresas y 700 profesionales del sector, para emitir una carta en la que solicitan claridad normativa y la agilización inmediata de los trámites gestionados por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI), parte del Ministerio de Culturas.
El documento, emitido el 26 de febrero, enfatiza las dificultades en la expedición de la Resolución de Reconocimiento de Proyecto y de Obra Cinematográfica Nacional, así como de los Certificados de Inversión y Donación Cinematográfica, contemplados en la Ley 814 de 2003. Ambos actos administrativos permiten, respectivamente, reconocer que una producción cinematográfica cumple con los criterios de nacionalidad y atraer inversión mediante beneficios tributarios.
El sector audiovisual colombiano advierte que, desde su expedición, los procesos no habían “presentado demoras y obstáculos tan persistentes y sistemáticos como los que hoy enfrentan”. De acuerdo con la carta, la Ley 184 fue creada para fortalecer el patrimonio audiovisual y consolidar la industria cinematográfica nacional; por lo tanto, ha permitido aumentar significativamente el número de obras e inversiones. Actualmente, el crecimiento se ve limitado por procedimientos que no se han actualizado, la insuficiencia de recursos administrativos y criterios de evaluación que resultan inciertos.
“La principal preocupación radica en la ausencia de criterios de evaluación claros, públicos y uniformes”, señalan. “Aunque existe un manual de procedimiento, en la práctica los requisitos se modifican a voluntad y criterio de los funcionarios, lo que impide a los productores contar con parámetros previsibles sobre qué se exigirá y bajo qué estándares serán valorados sus proyectos. Esta falta de consistencia genera devoluciones reiteradas y nuevos requerimientos, prolongando innecesariamente los trámites y afectando la seguridad jurídica y la inversión en el sector”.
En la carta, el sector reconoce la importancia del control y la transparencia en el sistema, pero advierte que las actuaciones administrativas deben mantenerse estrictamente dentro del marco legal. Señalan que las funciones de vigilancia corresponden únicamente a las autoridades designadas por la ley y subrayan que el Ministerio no cuenta con facultades para realizar auditorías sobre los proyectos cinematográficos. A su juicio, cuando se desdibujan esos límites se afecta la seguridad jurídica y se genera un clima de incertidumbre que impacta directamente en las decisiones de productores e inversionistas.
La inquietud del sector audiovisual se extiende a prácticas que consideran irregulares, en las que se cuestionan estructuras empresariales y modelos financieros que, afirman, cumplen con la normativa vigente. Diversos productores, gremios y asociaciones han solicitado establecer un diálogo que permita corregir los procedimientos que han impactado en la sostenibilidad de su ecosistema audiovisual.
La DACMI convocó una reunión para este 6 de marzo; sin embargo, los firmantes consideran imprescindible la participación de Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, y de Luisa Fernanda Trujillo Bernal, secretaria general, a fin de que se establezcan medidas claras y ceñidas al marco legal.
Los puntos que buscan abordar son: la expedición de resoluciones y certificados acordes con la normativa; medidas concretas para la descongestión y agilización efectiva de los trámites; la delimitación precisa de las competencias del Ministerio; la garantía del cumplimiento de los principios de la actuación administrativa; y la expedición de una reglamentación clara, pública y uniforme de los criterios de evaluación.
“El sector cinematográfico colombiano ha demostrado durante más de dos décadas su capacidad de crecimiento, profesionalización y aporte cultural. Ese desarrollo fue posible gracias a un marco normativo que generó confianza y estimuló la inversión. Nuestro objetivo es claro: garantizar que la Ley 814 continúe cumpliendo su misión de fortalecer el patrimonio audiovisual colombiano y consolidar una industria sólida, sostenible y competitiva”, concluyen.
