Con 337 votos a favor y apenas uno en contra, Francia se convierte en el primer país en tomar acciones legislativas específicas contra el ultra-fast fashion, señalando que la velocidad con la que producimos y consumimos moda ya no puede seguir ignorando sus consecuencias ambientales.
La nueva ley regula a gigantes de la moda ultra rápida como Shein y Temu, obligándolos a rendir cuentas sobre su impacto ambiental y restringiendo su presencia en el mercado francés.
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Introduce un sistema de “eco-puntuación” que medirá las emisiones, el uso de recursos y la reciclabilidad de las prendas. A partir de 2025, las marcas con peor desempeño deberán pagar hasta cinco euros por artículo, cifra que aumentará a diez para 2030. También se restringe su publicidad y se sancionará a los creadores de contenido que las promuevan.
Aunque se celebra como un paso hacia la sostenibilidad, la ley ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas. Acusan que su alcance es limitado y que protege intereses económicos más que al planeta. Las marcas europeas como Zara, H&M y Kiabi quedan exentas de las sanciones más severas, lo que ha sido interpretado como una maniobra proteccionista más que ecológica.
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El texto, impulsado por la diputada Anne-Cécile Violland, todavía deberá pasar por una revisión conjunta de su versión final. Sin embargo, su aprobación en el Senado ya marca un precedente global.
Esta ley no solo pone sobre la mesa el modelo de negocio de Shein o Temu, sino que lanza una pregunta incómoda al resto de la industria y a quienes participamos en ella: ¿Es esta una transformación del sistema o solo una forma de calmar la conciencia colectiva?
