La administración del presidente Donald Trump continúa generando controversia, ahora al revocar la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, una decisión que, de ejecutarse, impactaría directamente a más de una cuarta parte de su comunidad estudiantil. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó esta medida alegando que la institución había permitido un entorno peligroso en su campus, acusándola de albergar activistas “antiestadounidenses y proterroristas” responsables de agresiones a estudiantes judíos. Además, el gobierno acusó a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino, afirmando que en 2024 había organizado programas de formación para miembros de una organización paramilitar china.
La decisión implica que Harvard no podrá aceptar nuevos estudiantes extranjeros para el ciclo académico 2025-2026, y los actualmente inscritos perderían su estatus migratorio si no se transfieren a otras universidades. Esta revocación del acceso al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) priva a la universidad de su facultad de patrocinar visas para estudiantes internacionales.
La universidad, que acoge a más de 6.800 estudiantes internacionales provenientes de más de cien países, respondió de inmediato, calificando la medida como ilegal y como una represalia que atenta contra su autonomía académica. En una declaración oficial, Harvard aseguró que esta acción pone en riesgo no solo su misión educativa y de investigación, sino también el bienestar de su comunidad. La institución subrayó que no existen pruebas que respalden las acusaciones del gobierno, particularmente en lo que respecta a la participación de sus estudiantes extranjeros en actos violentos o de desorden público.
“Esta acción de represalia amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, afirmó la institución en un comunicado.
En el epicentro de la disputa se encuentra un pedido emitido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien exigió a la universidad entregar en un plazo de 72 horas todos los registros, incluyendo grabaciones de audio y video, relacionados con la conducta de los estudiantes internacionales en protestas u otras actividades potencialmente sancionables. Según Noem, la negativa de Harvard a cumplir con estos requerimientos motivó la sanción.
“Esta administración está exigiendo responsabilidades a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, afirmó Noem en un comunicado.
La respuesta institucional fue contundente. El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró que la universidad ha adoptado múltiples reformas en el último año y medio, incluyendo estrategias para combatir el antisemitismo, pero que no está dispuesta a renunciar a sus principios fundamentales protegidos por la ley. Además, cuestionó la legalidad de los señalamientos del gobierno y denunció la intromisión en la gobernanza universitaria.
Ante la gravedad de las consecuencias, Harvard presentó una demanda ante un tribunal federal en Boston, solicitando una orden judicial urgente para suspender la medida del DHS. El juez Allison Burroughs respondió rápidamente con una orden de restricción temporal que frena la aplicación inmediata de la sanción, permitiendo que los estudiantes internacionales permanezcan en la universidad mientras se resuelve el litigio.
En su demanda, Harvard argumenta que la medida gubernamental representa una represalia inconstitucional que infringe la Primera Enmienda y amenaza con borrar de un plumazo a una parte esencial de su comunidad académica. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard deja de ser Harvard”, señaló la institución.
La medida ha sido interpretada como parte de un patrón más amplio de hostilidad de la administración Trump hacia las instituciones académicas de prestigio, en particular aquellas identificadas como bastiones del pensamiento liberal y progresista. La Casa Blanca había recortado previamente $2.600 millones en fondos federales destinados a Harvard y amenazó con revocar su estatus de exención tributaria, alegando una supuesta falta de acción contra el antisemitismo y parcialidad ideológica.
Las acusaciones también se han extendido a otras universidades, como Columbia, señalada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos por su presunta negligencia en proteger a estudiantes judíos. La administración llegó incluso a intentar obtener órdenes judiciales para investigar a manifestantes propalestinos en ese campus, aunque los tribunales negaron dichas solicitudes.
Mientras tanto, la administración Trump sostiene su postura. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, insistió en que Harvard debería enfocar sus recursos en “crear un entorno seguro” en lugar de emprender “demandas frívolas”, insistiendo en que la universidad es responsable de su situación por no actuar contra lo que denominó “agitadores antisemitas y proterroristas”.
