En plena crisis de salud mental y en la mitad del Mes del Orgullo, la administración de Trump ha decidido eliminar el servicio especializado para jóvenes LGBTQ+ de la línea nacional de emergencia 988. A partir del 17 de julio, ya no existirá la opción de “Presione 3”, un canal que desde 2022 ha atendido más de 1.3 millones de llamadas de personas menores de 25 años en situación de crisis.
Según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), esta decisión busca “maximizar la eficiencia” y evitar segmentar la atención. El resultado, sin embargo, es la desaparición de un servicio que había sido diseñado precisamente porque no todas las crisis son iguales, y no todas las personas llegan a ellas con las mismas herramientas o experiencias.
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Los datos son interesantes, pues un estudio de The Trevor Project reveló que casi el 40 por ciento de los jóvenes LGBTQ+ ha considerado seriamente el suicidio en el último año. La mitad de quienes buscaron atención en salud mental no pudieron acceder a ella. Y aun así, el gobierno optó por suprimir uno de los pocos recursos diseñados específicamente para ellos.
Jaymes Black, CEO de The Trevor Project, calificó la decisión como “devastadora”, recordando que la prevención del suicidio no es una cuestión de política, sino de personas. También señaló la eliminación de la letra “T” (de “trans”) en el comunicado oficial. Un gesto que, aunque sutil, comunica una postura peligrosa ya conocida en el gabinete de Donald Trump. Incluso desde el propio Partido Republicano hubo desacuerdo. El congresista Mike Lawler lo expresó sin ambigüedades: “Esto está mal.”
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La decisión no solo es preocupante. Es profundamente reveladora. Nos habla de una administración dispuesta a disfrazar su desprecio ideológico de decisiones técnicas. Revela un sistema que ve como opcional aquello que para muchos es literalmente una línea de vida. Revela también una forma de gobernar que, en lugar de corregir desigualdades, opta por ignorarlas.
El discurso de la “neutralidad” frente a identidades históricamente vulneradas no es neutral. Es regresivo. Eliminar un servicio probado, con impacto real, no es eficiencia. Es abandono. Y cuando ese abandono afecta a una de las poblaciones más vulnerables del país, se convierte también en negligencia.
