Durante la madrugada del jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que recorta 9 mil millones de dólares previamente asignados por el Congreso, marcando una victoria significativa para su administración en la batalla prolongada sobre el control del gasto federal. Con 51 votos a favor y 48 en contra, el proyecto fue aprobado pese a la oposición de dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski (Alaska) y Susan Collins (Maine), quienes se unieron a los demócratas en rechazo a la medida.
La iniciativa contempla la eliminación total de los fondos asignados a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) durante los próximos dos años, equivalentes a 1.100 millones de dólares, así como recortes significativos en programas de asistencia internacional, entre ellos los destinados a refugiados, promoción de la democracia y colaboración con organismos como Naciones Unidas. Aunque se logró preservar el financiamiento del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), una iniciativa lanzada en 2003 por el expresidente George W. Bush y acreditada con haber salvado más de 26 millones de vidas, la mayoría de los recortes fueron mantenidos.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ha expresado constantemente una postura firme frente al gasto gubernamental, contando con el respaldo mayoritario de un Congreso dominado por republicanos. Muchos legisladores de su partido no han mostrado resistencia ante sus decisiones, pese a que estas han implicado la suspensión de 425 mil millones de dólares en fondos previamente aprobados, según cálculos de congresistas demócratas.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, defendió los recortes argumentando que algunos gastos eran “casi cómicamente derrochadores”, citando como ejemplos el financiamiento de autobuses eléctricos en Ruanda y parques eólicos en Ucrania. Para él, la medida representa un esfuerzo por racionalizar el presupuesto federal y reducir lo que considera un aparato estatal sobredimensionado, en línea con la política de recortes estructurales promovida desde la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), anteriormente dirigida por Elon Musk.
A pesar de la magnitud de la votación, el monto recortado representa sólo una fracción mínima del presupuesto federal, que asciende a 6,8 billones de dólares. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (Dakota del Sur), reconoció esta proporción, pero subrayó la importancia de “dar pasos concretos hacia la cordura fiscal”.
En el debate previo a la votación, Murkowski cuestionó la decisión de eliminar completamente los fondos a la CPB, advirtiendo sobre las consecuencias para la programación educativa y el acceso a servicios de emergencia, especialmente en zonas rurales. “No se trata solo de entretenimiento. Se trata de garantizar que las comunidades más alejadas del país tengan acceso a información, cultura y educación”, declaró en el Senado.
Las críticas también vinieron desde las principales cadenas afectadas. PBS advirtió que la medida tendría un “impacto devastador” sobre su red y las emisoras afiliadas, mientras que NPR alertó que los recortes podrían provocar el cierre de redacciones locales en diversas partes del país. Actualmente, cerca del 30% de los ingresos de NPR provienen de estaciones locales, muchas de las cuales dependen en gran medida del financiamiento federal que proporciona la CPB.
Diversos legisladores demócratas denunciaron que esta acción representa una erosión del poder constitucional del Congreso sobre el gasto público. El senador Chuck Schumer (Nueva York) calificó la medida como una muestra de sumisión al Ejecutivo: “Hoy, los republicanos del Senado convierten esta cámara en un sello de goma al servicio de Donald Trump”. Por su parte, el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) advirtió que el ataque a la radiodifusión pública responde al deseo del presidente de eliminar voces críticas: “Trump, como todos los autoritarios, no tolera la crítica, ni el periodismo independiente”.
Desde el punto de vista republicano, las justificaciones giraron en torno a la eficiencia fiscal y a la supuesta parcialidad ideológica de los medios públicos. El senador Eric Schmitt (Misuri), principal impulsor del proyecto, sostuvo que “los contribuyentes no deberían financiar contenidos que promuevan agendas radicales” y argumentó que muchos estados ya invierten en medios públicos, por lo que sería “razonable y necesario que asumieran una mayor responsabilidad”.
La aprobación en el Senado llegó tras semanas de negociaciones y presiones. Para garantizar el respaldo del senador Mike Rounds (Dakota del Sur), la Casa Blanca acordó redirigir fondos hacia el Departamento del Interior con el fin de proteger a las emisoras tribales nativas. Sin embargo, tales concesiones no fueron suficientes para convencer a todos los disidentes. Varios senadores republicanos expresaron inquietudes sobre la falta de transparencia respecto a qué programas específicos serían eliminados y sobre las posibles consecuencias no previstas de los recortes.
El senador Thom Tillis (Carolina del Norte) manifestó su preocupación por los efectos colaterales que podrían descubrirse solo una vez implementada la medida: “Sospecho que habrá aspectos que lamentaremos y que, cuando ocurra, tendremos que regresar a corregirlos”.
Aunque la votación representa una victoria legislativa para el presidente, sus críticos advierten sobre el precedente que establece. Patty Murray (Washington), la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones, alertó que permitir este tipo de rescisiones sin negociación bipartidista socava la capacidad del Congreso para aprobar futuras leyes de financiamiento y expone prioridades previamente consensuadas a recortes unilaterales.
El proyecto debe ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes del viernes para que pueda ser firmado por el presidente. Aunque la Cámara ya lo había aprobado por un estrecho margen de 214-212 el mes pasado, cualquier modificación requería una nueva votación. En esa ocasión, cuatro republicanos se unieron a los demócratas para rechazar la propuesta, y la aprobación sólo fue posible debido a la ausencia de varios demócratas. Ahora, con todos los legisladores presentes, será necesario que al menos uno de los republicanos que antes votaron en contra cambie su posición.
En términos políticos, el resultado “suma” a la administración Trump en su disputa con el Congreso por el control del gasto federal. Además, hace peso a otra victoria reciente del mandatario con la extensión de los recortes fiscales de 2017 y la asignación de cientos de miles de millones de dólares adicionales para reforzar la política migratoria y el presupuesto militar. Sin embargo, el balance fiscal sigue siendo objeto de debate, ya que la Oficina Presupuestaria del Congreso ha advertido que estas medidas podrían añadir más de tres billones de dólares al déficit nacional, que ya supera los 36 billones.
